Nuevas normas esperan reducir proceso de asilo a meses

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El gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer el jueves nuevas normas para procesar los pedidos de asilo en la frontera con México con la esperanza de resolverlos en meses en lugar de años. Las normas autorizan a los funcionarios a otorgar o denegar solicitudes, algo que hasta ahora solo era facultad de los jueces de inmigración para a gente que llega a la frontera.

Hasta ahora, los funcionarios solo podrían realizar los exámenes iniciales y brindar ayuda humanitaria. El cambio podría tener un amplio impacto, pero funcionarios del gobierno dijeron que al comienzo procederán lentamente y sin recursos adicionales.

Entrará en vigencia 60 días después de que la norma aparezca en el Registro Federal, lo que se estima sucederá en los próximos días.

El gobierno calculó el año pasado que necesitaría contratar a 800 empleados más para manejar 75.000 casos al año. Sin más dinero y empleados, no está claro cuál será el impacto inicial de la medida.

Desde 2017, Estados Unidos es el destino más buscado del mundo por los solicitantes de asilo, según la oficina de la ONU para los refugiados, lo que significa una enorme presión sobre los tribunales de inmigración. Hay alrededor de 1,7 millones de casos acumulados.

“El sistema de procesamiento de pedidos de asilo en nuestras fronteras necesita reparaciones desde hace tiempo”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento incluye la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que las nuevas normas aliviarán la presión sobre las cortes, que dependen del Departamento de Justicia. El procesamiento de los pedidos de asilo de personas no detenidas dura en promedio casi cuatro años.

“Esta norma favorece nuestros esfuerzos para garantizar que los pedidos de asilo se procesan con justicia, expeditivamente y de manera congruente con el debido proceso”, dijo Garland.

Bajo las nuevas normas, los funcionarios de asilo esperan resolver los casos en 90 días. Las solicitudes denegadas pasan a jueces de inmigración, quienes también esperan resolver los casos en 90 días.