De Santis continúa cruzada en defensa de privacidad del consumidor

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Ron DeSantis anunció un nuevo proyecto de ley que busca proteger la privacidad de la información personal de los floridanos en caso de ser aprobado por la Cámara Baja y el Senado estatal.

El anuncio fue hecho este lunes 15 de febrero en Tallahassee, junto al presidente de la Cámara Baja, Chris Sprowls, y la representante republicana Fiona McFarland, patrocinadora del proyecto de ley.

El proyecto de ley HB-971 busca «aumentar la privacidad y seguridad de la información y defender los derechos de los floridanos ante las principales empresas tecnológicas, además de incrementar la transparencia en la gestión de los datos personales por parte de dichas compañías».

El gobernador dijo que las Grandes Tecnológicas (Big Tech acrónimo utilizado en inglés) «han renunciado a su responsabilidad de salvaguardar y asegurar los datos de los estadounidenses. En lugar de protegerlos se están beneficiando de ellos”.

“Los contratos con las Big Tech siempre es una calle en un solo sentido. Ellas tienen todo el poder, dictan todas las reglas, toman todos los datos que quieren y cuando quieren y los consumidores no reciben nada, excepto el “privilegio” de usar su propio dispositivo, por el que ya han pagado. No podemos permitir que esto continue de esta forma”, advirtió el gobernador.

Según la representante Fiona Mc Farland, «cuando interactuamos en un sitio web, vamos dejando tesoros de información personal».

“Si bien celebramos el espíritu innovador estadounidense, debemos equilibrarlo con la protección de nuestra información”. afirmó.

De aprobarse la ley, se les exigirá a las Big Tech trasparencia sobre el tratamiento de la información personal. Los consumidores tendrían derecho a saber qué información sobre ellos ha recopilado una empresa y tendrían el derecho de solicitar eliminar o corregir determinada información personal. También podrían negarse a permitir la venta de sus datos.

La ley en cuestión también contempla prohibir la discriminación a aquellos que no deseen que su información sea vendida o retenida por la empresa. Además, dotaría a los consumidores del derecho a demandar a las Big Tech y conferiría al Fiscal General poder para exigir el cumplimiento de la ley.