Oficina Externa de EE UU para Venezuela: “Ya es hora de que la comunidad internacional apoye a los presos políticos secuestrados por el régimen de Maduro”

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La Oficina Externa de EE UU para Venezuela, liderada por James Story, encargado de Negocios, denunció la falta de acceso a la justicia en el país. Pidió apoyo para los presos políticos, secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Condenó asimismo el incremento de las acciones opacas y caprichosas ejercidas por el sistema de justicia.

“Recientemente, hemos escuchado sobre una serie de casos en los que a los acusados, quienes deberían tener derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad según la ley venezolana, se les impidió el acceso a sus abogados para los juicios en las cortes”, señaló en un comunicado.

“Las audiencias programadas para las personas a las que se les ha negado justicia durante casi tres años no han progresado en la resolución del caso y/o se cancelaron en el último minuto, sin una excusa válida. Otros han sido detenidos, mantenidos en condiciones insalubres e inseguras agravadas por la pandemia, y regularmente se les niega sus derechos básicos”, agregó.

“El informe sobre derechos humanos más reciente del Departamento de Estado de EE UU (publicado en marzo 2020) señaló que muchos de los tribunales títeres de Maduro siguen violando los derechos humanos básicos“, indicó.

La Oficina Externa de EE UU para Venezuela advirtió que estas violaciones continúan y podrían incrementarse bajo el covid-19. “El informe señaló que la ley venezolana requiere que los detenidos sean informados sin demora sobre los cargos en su contra y que los acusados tienen derecho a consultar con un abogado. Sin embargo, hay casos documentados en los que esto no ha sucedido. El informe señaló además que, según la ley venezolana, a los acusados se les garantiza un juicio rápido y el derecho a su propia defensa. Los acusados también deben tener derecho a interrogar a los testigos adversos y presentar sus propios testigos. Por ley, los acusados no pueden ser obligados a declarar ni a confesarse culpables. Sin embargo, estos derechos no son respetados por los tribunales venezolanos”, aseguró.

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